¿Cuál es la Historia?

Epica y Decadencia de los Mercados Financieros

La aerolínea Plus Ultra es una tapadera

Plus Ultra

La extensión universal de la cultura democrática, con sus supuestos a veces un tanto ingenuos, nos lleva a perder de vista consideraciones propias de la geopolítica y razón de estado. Damos por hecho que la acción política es el resultado de discursos parlamentarios y decisiones de los ministros, más que de una minuciosa labor de planificación dirigida por los auténticos poderes fácticos de la nación apoyados por una compleja red de negociadores, agentes secretos, fontaneros y empresarios amigos. ¿Es esto algo malo? Nos pasaríamos la vida discutiendo sobre los aspectos morales de la cuestión. Las cosas son así desde siempre y en la práctica no pueden ser de otro modo. Si la opinión pública no lo comprende, tanto mejor para los que gobiernan. De este modo, cuando por azares de la política o la torpeza de alguna ministra de Hacienda salte la liebre, será más fácil conseguir que las aguas vuelvan a su cauce mediante nubes de humo o una hábil contraprogramación.

Plus Ultra es una de esas empresas que los gobiernos utilizan para asegurarse una total libertad de maniobra, sin que los manejos del poder lleguen al dominio público o sean controlados por otras compañías privadas. Esto es lo que dice de ella la infame página web antibulos de Ana Pastor. Pero entre bastidores se mueven otras muchas cosas: traslado de diplomáticos y espías, entrega de valijas confidenciales, cobertura de zonas geográficas lejanas pero vitales para los intereses geoestratégicos de la nación, operaciones financieras en países off-shore, pagos de dinero, servicio a ONGs, repatriación de rehenes y cadáveres y otros cometidos delicados por el estilo. Todos los países cuentan con una o varias entidades de este tipo. Lo extraño no es que existan, sino que en un momento dado salgan a la luz con la misma estridencia mediática que Plus Ultra en sede parlamentaria y medios de comunicación españoles a lo largo de los últimos días.

Aquí la historia no es propiamente de corrupción, sino de torpeza e incompetencia por parte del Gobierno de España. 53 millones de euros es una cantidad perfectamente manejable para cualquier experto en ingeniería financiera. Fijo que habrá mil maneras de evitar que una covacha de fontaneros al servicio del poder quede al descubierto mediante algo tan burdo como su inclusión en un programa público de ayudas a empresas en dificultades. Se puede disolver la sociedad. Se pueden utilizar fondos reservados o cuentas en paraísos fiscales, incluso transferir los fondos en maletas llevadas por los guardaespaldas de Abalos. Pero haber puesto en bandeja a los periódicos y las redes sociales una presa tan fácil como esta, es de un nivel tan de aficcionado que daría risa sino fuera porque el gobierno de Pedro Sánchez nos tiene ya acostumbrados a estas charranadas dignas de una historieta de Ibáñez.

Los que se frotan las manos imaginando el escándalo definitivo, un bombazo capaz de hacer caer a este infame ejecutivo de izquierdas complicado en rocambolescas historias de corrupción con empresarios bolivarianos y cuentas en Panamá, mejor que se lo tomen con calma. Tratándose de asuntos de estado vitales para el interés nacional de España, ya se sabe cómo va a terminar todo esto: en nada. Bastarán una discreta conversación entre el Presidente del Gobierno y los líderes de los partidos, y unas cuantas llamadas a los medios, para que el asunto quede en nada y todo el mundo vuelva a acalorarse discutiendo sobre temas más vendibles, como por ejemplo la entrada en política de Jorge Javier.

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