La pugna entre Ayuso y Casado es más que una guerra de despachos. Los verdaderos objetivos son el liderazgo del partido, la Presidencia del Gobierno y el futuro modelo económico de España.
La pugna entre Ayuso y Casado es más que una guerra de despachos. Los verdaderos objetivos son el liderazgo del partido, la Presidencia del Gobierno y el futuro modelo económico de España.
Los gobiernos marcan a algunos deportistas como ejemplo de virtudes cívicas frente a otros que incumplen las normas. El cinismo político nos invita a creer sin embargo en una realidad menos edificante y más compleja.
Isabel Díaz Ayuso viaja con frecuencia a Estados Unidos. Y lo hace por los mismos motivos que el Presidente del Gobierno: ganarse el apoyo de los inversores institucionales.
El gesto de desafío de un tenista rebelde, Novak Djokovic, es como la chispa que enciende una mezcla explosiva, procedente de un masivo descontento popular, que lleva largo tiempo acumulándose en nuestra sociedad.
Aun no se dan las condiciones propicias para que Isabel Díaz Ayuso sea Presidenta del Gobierno. Tampoco lo necesita: un Madrid boyante es mucho mejor que un Estado de Partidos arruinado por la crisis del Covid-19.
La variante Omicron del Coronavirus genera una nueva crisis de confianza entre la ciudadanía y unos gobiernos que no pueden explicar el grado en que la reciente mutación del patógeno afecta a la eficacia de las vacunas.
¿Llegarán las vacunas del Covid-19 a ser obligatorias por ley? Los gobiernos no están dispuestos a asumir la responsabilidad política derivada de los posibles efectos secundarios.
Christian Lindner es co-líder de la nueva coalición de gobierno en Alemania. Y también Ministro de Hacienda. Su compromiso con la estabilidad presupuestaria es un mal presagio para el ejecutivo de Pedro Sánchez.
El nuevo ejecutivo alemán es el típico gobierno de coalición conforme al estilo político del país. El momento histórico que vivimos le obligará a tomar decisiones impopulares pero necesarias.
Aumenta la oposición antivacunas, con el riesgo de un enfrentamiento social y la pérdida de confianza en el Estado de Derecho. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para solucionar el problema?