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Pegasus: entre el sensacionalismo y el desgaste gubernamental

Pegasus

El software espía no tiene ningún misterio. Es conocido desde hace años. El difunto José Alfredo Pérez Rubalcaba ya se servía de él para escuchar desde su propio despacho conversaciones intervenidas por la policía. Por culpa de estos sistemas el hacker norteamericano Edward Snowden vive ahora exiliado en Moscú, con poco dinero, pero feliz, dando paseos en barco por el río y admirando las obras de arte que exponen los magníficos museos rusos. Desde hace más de dos décadas, viene siendo habitual el hablar de una amenaza silenciosa: Echelon, PRISM y otros programas por el estilo persiguen con insidia no solo a terroristas y delincuentes, sino también a jefes de estado periodistas, políticos de la oposición, youtubers y simples ciudadanos. Al menos eso es lo que se dice ¿Hay algo de cierto en todo ello? ¿O se trata de puro sensacionalismo mediático?

La posibilidad de espiar a alguien a través del teléfono móvil o su ordenador personal es algo que está ahí. El éxito del pinchazo depende de la tecnología, de las circunstancias concretas y la falta de formación en ciberseguridad de la víctima. En teoría, cualquier poder estatal o económico con autoridad para obligar a cooperar a una empresa de telefonía móvil, puede escuchar tus conversaciones privadas. Pero eso es algo que ha estado sucediendo desde que Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876. De modo que no deberíamos dejar que el Gran Hermano nos quite el sueño por minucias como esta, cuando resulta mucho más lesiva su capacidad de vaciarnos el bolsillo a través de una política fiscal cada vez más abusiva y tenaz.

¿Se está espiando a politicastros catalanes? Tal vez. ¿Ha sido Pedro Sánchez víctima de escuchas en su móvil? Seguramente no, y sus últimas declaraciones no son más que un gesto de cara a la galería, para evitar que un escándalo de espionaje -presunto o real, eso es lo de menos- le salpique también a él. ¿Está el CNI detrás de todas estas maniobras? Aquí sí que debemos responder con un rotundo NO. Y por razones harto fáciles de entender: los servicios secretos, ya sean españoles o de cualquier otro país, no se arriesgan a utilizar aparatos técnicos que puedan servir como prueba de su participación en maniobras de dudosa legalidad. Cuando quieren enterarse de algo, preguntan a sus infiltrados.

Por encima de todo, sin embargo, persiste esa gran cuestión moral que nadie plantea en voz alta: ¿puede un Estado de Derecho espiar a sus propios políticos? La respuesta es que no. Ni siquiera en el caso de que los mencionados políticos pertenezcan a partidos rarillos como EH-Bildu o los independentistas catalanes. Se supone que la democracia es un sistema lo bastante sólido como para hacer frente a cualquier intento de subversión mediante la aplicación directa de sus instrumentos legales. Los parlamentarios que acceden a la información reservada de una comisión de secretos oficiales saben a lo que se exponen en caso de no cumplir sus obligaciones de confidencialidad. Ningún congresista se arriesgaría a sufrir las consecuencias en caso de tomarse esto a la ligera.

Prueba de que lo que estamos viendo en los medios no es más que una serpiente de verano anticipada, está en que durante las épocas de Aznar y Zapatero, los parlamentarios y senadores de estos partidetes independentistas catalanes y vascos también formaban parte de las comisiones de Defensa, Derechos Humanos y otras de similar naturaleza sensible. Y no pasaba nada. En realidad, era inevitable porque el reglamento obliga a los diputados a trabajar en comisiones parlamentarias. Que ahora se ponga el grito en el cielo por algo que no tiene la menor importancia, nos da idea de lo crispada que está la situación y lo grave que es la crisis de imagen y autoridad del gobierno Sánchez. Y aparte de la inestabilidad política, no existen otras amenazas dignas de consideración.

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