¿Cuál es la Historia?

A veces uno piensa que nuestros gobernantes, tanto regionales como en la administración estatal, no son más negados porque no entrenan. Claro ejemplo de ello lo tenemos en el Lehendakari Iñigo Urkulluy su Consejera de Sanidad Gotzone Sagardui. Hacerlo peor en la gestión del Covid-19 es imposible. Y lo más sorprendente es que no han aprendido nada. En lugar de iniciar una campaña pública de concienciación y tomar medidas de carácter estrictamente sanitario para hacer frente a la amenaza de las nuevas cepas, Han decidido ir a lo fácil. Proclaman que en cuanto el número de ingresos en UCI rebase los 50, activarán la emergencia sanitaria y pedirán permiso a los jueces para desplegar el pasaporte Covid. Si los miembros de la clase política vasca actúan como simples relés electromecánicos, entonces, ¿para qué les pagamos esos sueldos astronómicos que estarían mejor empleados en incrementar la reserva estratégica de mascarillas y vacunas?

En vísperas del puente de la Inmaculada, casi todo el mundo da por seguro que volverán las restricciones, al menos en cierto grado. El clima que se respira en la hostelería no es nada optimista al respecto. La perspectiva de que dueños de cafeterías y restaurantes se vean obligados a actuar como guardias fronterizos, exigiendo a sus parroquianos la exhibición de certificados sanitarios en papel y pantallas de móvil, es algo que ya ha comenzado a agriar la fiesta. Por no hablar de la carga burocrática, los conflictos personales y la pérdida de ingresos a que va a dar lugar.

Sin embargo, yo creo que por fortuna esta vez la sangre no va a llegar al río. Por una doble razón. En primer lugar, porque el gobierno de Urkullu ha visto su autoridad muy erosionada después de 21 meses de gestión incompetente de la pandemia. La gente ya no está por aguantar los caprichos potestativos de una administración y una clase política que no saben distinguir entre el poder y la autoridad, y que encubren su falta de liderazgo con burdos ademanes potestativos. El riesgo de desafección entre la ciudadanía es algo que no se puede permitir un ejecutivo apoyado seobre bases electorales menguantes y amenazado desde su flanco izquierdo por una competencia cada vez más fuerte.

La otra razón tiene que ver con la economía. O mejor dicho, con las finanzas públicas. Después de varios meses de cierres forzados y casi dos años de crisis permanente, la situación de las haciendas forales vascas es muy delicada. Otro cerrojazo a bares, restaurantes, hoteles, comercios y empresas en general, traería consigo una caída de los ingresos que complicaría aun más las ya deterioradas cuentas públicas, por no hablar de los presupuestos para el ejercicio próximo.

Por todos estos motivos, el que esto escribe es de la opinión que todas esas medidas anunciadas por el Ejecutivo no son más que un gesto de cara a la galería para salvar la cara. Algo se hará, por supuesto. Pero para cumplir con el expediente y para que no se diga. Pero no habrá alteraciones de la vida económica parecidas a las los pasados meses.