¿Cuál es la Historia?

De un tiempo a esta parte los medios se hacen eco de noticias que, en realidad, han estado ahí desde los primeros tiempos de eso que llaman la democracia, o más propiamente Régimen del 78. Siempre causaron cierto grado de indignación pública, pero recientemente han llegado a adquirir una pujanza que les pone en el foco de atención. Ciudadanos condenados a prisión por matar en defensa propia a los delincuentes que asaltan sus casas (Ciudad Real, el caso de Jacinto Siverio en 2018, etc.). Agentes de policía suspendidos por excesos apenas perceptibles de rigor en el desempeño de sus funciones -aunque estuviesen justificados por la urgencia del momento- y entorpecidos hasta la inoperatividad en el cumplimiento de su deber por jueces y fiscales minuciosamente garantistas. Sentencias surrealistas que definen en términos de reacción desproporcionada la defensa de un ciudadano que en su propia casa se enfrenta con las manos desnudas a un asaltante armado con un cuchillo, y en el forcejeo el agresor resulta herido por su propia arma… Dentro de poco, incluso hacer una llave de judo estará considerado como un acto de defensa ilegal.

¿Cuál es la razón de que España se haya convertido en el único país en el cual rige este mundo al revés de una legislación favorable al delincuente y totalmente ajeno a los intereses de la ciudadanía? Llevo algún tiempo reflexionando sobre el tema, mientras en la prensa se sucedían los acontecimientos bizarros, y en los juzgados las sentencias ridículas. Al final la única respuesta que se me ocurre es que las causas tienen que ver con el marketing electoral de los partidos políticos. Aunque cueste creerlo, la sobreprotección del individuo que transgrede la ley es popular en este país. En el imaginario de la izquierda, el delincuente es una víctima de la sociedad. Inclinando la balanza de la justicia en su favor, un Estado de Partidos que desde sus mismos comienzos estuvo fuertemente condicionado por la filosofía jurídica de cierta organización progresista denominada Jueces para la Democracia genera un sesgo de discriminación positiva que en ciertos sectores del electorado generan reacciones favorables al statu quo.

Obviamente el ciudadano que sufre la agresión y una condena por defensa desproporcionada, o el policía suspendido de empleo y sueldo por haber sido descortés con el yonki que se resistía a andar por lo segado, echarán pestes de los socialistas surante el resto de sus vidas, y serán más bien proclives a votar por otros partidos que no tienen nada que ver con el progresismo institucionalizado del tándemo PP-PSOE-Podemos. Pero en términos electorales, no suponen más que una minoría insignificante. Existe una amplia masa de votantes adoctrinados en el ideario progre, de esos que hasta hace no demasiado tiempo se desayunaban con El País y cenaban con las homilías de Iñaki Gabilondo, que en el fondo se alegran cuando a un madero le quitan la placa o un viejo es llevado a Carabanchel por sacar la escopeta del armario. El hilo pensamiento de estos palomos conformistas es conmovedoramente ingenuo, pero productivo en términos electorales: “Realmente tenemos un estado de derecho en España. Si el gobierno y la justicia hacen esto por un vulgar quinqui, ¿qué no harán por nosotros que somos ciudadanos de bien?”.

En otras palabras, en la fantasía de estos ciudadanos de clase media que, sin ser conscientes de ello, apoyan la visión falaz de un estado progresista a la Robin Hood, el mantra marxista de la lucha de clases se traslada a la escena del orden público. Naturalmente, un gobierno de izquierdas (o de derecha “centrista”) jamás hará frente a los verdaderos malos de la película: bancos, grandes empresas, fondos de inversión. le va en ello la vida. Pero hace un buen efecto servirse de los medios para escenificar una cruzada en favor de aquellos a los que las circunstancias socioeconómicas del entorno en que nacieron obligan a ganarse la vida mediante actividades delictivas. Podría elegirse el camino difícil, creando un sistema eficaz de rehabilitación para reclusos o buenas instituciones para la prevención de la delincuencia juvenil. Pero eso es demasiado pedir. Al final, se aplaude sin reservas todo lo que se hace en provecho del delincuente, sin tener en cuenta que, al menos en lo relativo a las consecuencias penales y sociales del delito, lo que beneficia al transgresor siempre es en prejuicio de la víctima y de la sociedad en general. No hace falta decir que esta visión del mundo se derrumba como un castillo de naipes en el momento en que el abnegado oyente de la cadena SER se convierte él mismo en víctima de una acción delictiva violenta.

En el revuelo provocado por los últimos casos se percibe la tendencia a un cambio de opinión, con el telón de fondo de un cabreo generalizado por la crisis económica, el paro y el declive de las clases medias, y motivada de manera inmediata por el creciente descontento por la ineptitud de un gobierno de izquierdas que se revela incompetente para gestionar cualquier cosa, ya sean pandemias, campañas de vacunación o reformas educativas. Inevitablemente los problemas de seguridad interior -delincuencia juvenil, ocupaciones, terrorismo islámico, etc.- comienzan a entrar en las agendas electorales de los partidos políticos. Esto es reflejo de cambios en la mentalidad colectiva del país que bien podrían dejar el campo abonado para una siembra exitosa de las propuestas de reforma del Código Penal y las leyes procesales propuestas desde sindicatos policiales y plataformas ciudadanas, con el objetivo de paliar la surrealista situación de la justicia española en lo referente al polémico asunto de la defensa propia.