¿Cuál es la Historia?

Ya sabemos que si Ayuso vence, Pablo Casado se marcará un tanto de cara a un posible relevo en Moncloa, y que el ensayo de gobierno del PP apoyado por Vox servirá para inmunizar a la opinión pública de cara a una hipotética coalición de gobierno a escala nacional, en un futuro más o menos próximo. También estamos al tanto de que en el improbable caso de que sean las izquierdas quien se hagan con el poder, la figura del presidente Sánchez saldrá reforzada, y que Pablo Iglesias culminará su carrera política con un plus de imagen considerable, que sin duda le ayudaría en el curso posterior de su carrera profesional como magnate de los medios. Todo esto son habas contadas porque casi nadie ha dejado de seguir el debate electoral madrileño a lo largo de los últimos meses. Menos evidentes son las implicaciones del tema en el más amplio contexto sistémico y las perspectivas de futuro de eso que llaman Régimen del 78.

Entre tanta lucha partidista y tanta rebatiña goyesca en mítines y tertulias radiofónicas, a veces olvidamos que en España existe un Estado de Partidos que funciona como un todo. No importa quién esté en el poder ni qué programa político haya traído en la cartera. A la postre todas las propuestas son parecidas -en ocasiones se ha comprobado que es el departamento jurídico del mismo banco el que elabora los proyectos de ley del partido en el gobierno y la oposición-. Además, la práctica no tiene por qué ajustarse a la teoría, sino a las circunstancias y a la presión de los intereses creados. Pese a lo anterior, existen algunas diferencias cruciales que dependen del resultado de estas elecciones en Madrid.

Madrid no solo es la locomotora económica de España. También es la locomotora financiera del Estado de las Autonomías. Las políticas liberales y el carácter atractivo que la comunidad del oso y el madroño tiene para las empresas y el capital extranjero, han hecho de ella en el transcurso de los años un manantial de recursos netos para distribuir entre el resto del sistema. Un sistema compuesto en su mayor parte, como se sabe, por territorios deficitarios con administraciones públicas hipertrofiadas en los que impera el pesebrismo de las élites locales, y que siempre están hambrientos del dinero procedente de las pocas autonomías excedentarias. Convertir a Madrid en un laboratorio de experimentos de izquierda, con su gasto público desembridado, altos impuestos y toda esa demagogia que allí donde asienta termina espantando a empresarios e inversores, traería consigo un desvío del caudal de recursos financieros desde la periferia hacia el centro. La consecuencia inevitable sería la necesidad de reformar todo el Estado de las Autonomías. Y probablemente también el Estado de Partidos.

Esto no le conviene a nadie. Ni al Presidente del Gobierno -que es el que decide sobre el reparto de fondos, en función de pactos y acuerdos necesarios para su mantenimiento en el poder-, ni a los líderes autonómicos, ni a las incontables legiones de amiguetes colocados en parlamentos, diputaciones, empresas públicas y ONGs. Tampoco a las autonomías históricas como Navarra o el País Vasco, que en gran parte viven de que sus privilegiados regímenes fiscales no llamen demasiado la atención de unas masas y una clase política estatal siempre ávidas de efectivo para sus coches oficiales. Cuando el agua escasea, en la orilla de la charca se impone la ley de la jungla. Por todo ello, y teniendo en cuenta la complejidad de los intereses en juego, la continuidad se impone como la alternativa más sensata. Y es este criterio lo que contribuirá hoy a la victoria de Isabel Díaz Ayuso en mayor medida que cualquier recuento electoral al final del día.