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Covid-19: demandas contra el Gobierno y los ejecutivos autonómicos

Demandas hostelería

Las cadenas hoteleras NH y Meliá plantean contra el Gobierno de la Nación reclamaciones de 220 millones de euros por las pérdidas sufridas como resultado de las medidas de cierre forzosas durante la crisis del Coronavirus. Esto tiene su interés para otros colectivos y sectores que estén pensando en hacer lo mismo con la idea de resarcirse del impacto económico generado por la incompetencia de los poderes públicos en la gestión de la pandemia. Es preciso entender los obstáculos y las dificultades que se pueden presentar en el transcurso de la vía judicial. Las cadenas hoteleras disponen de recursos y lobbys que comparten con otras grandes empresas del sector turístico. Por ello, sus posibilidades de conseguir acuerdos satisfactorios son mucho mayores que las de cualquier otro ramo. Los demás, deberán encargar a sus abogados que hilen fino en sus escritos de demanda.

Según informa el semanario de Economía Wirtschaftswoche, en Alemania, los intentos de demandar al Gobierno Federal y los Länder se estrellan contra los principios del Derecho Político. Si el poder público dispone de potestad para declarar estados de emergencia y establecer normativas de excepción, mal se podrá recurrir contra él por el uso que haga de unas facultades reconocidas constitucionalmente. En España, país menos mirado con los derechos de la ciudadanía, seguro que los abogados del Estado ya se están frotando las manos ante la perspectiva de dejar en ridículo a unos cuantos hosteleros y a los abogados de provincia que van a defender sus intereses por vía judicial con unos alegatos pobremente fundamentados.

Resulta complicado evaluar las probabilidades de éxito que pueden tener las reclamaciones contra el Gobierno de España y los ejecutivos autonómicos por las pérdidas del Coronavirus. Siendo realistas, como mucho se podrán forzar algunas concesiones en el reparto de ayudas procedentes de los fondos europeos. Es importante entender que el conflicto, además de económico, tiene también una dimensión política. Lo que se cuestiona no es el derecho de los gobiernos a intervenir en situaciones de emergencia, sino que lo hagan de una manera incompetente y aplicando estrategias erróneas. Porque es ahí donde está la causa de los perjuicios sufridos por la ciudadanía y las empresas.

Esto último se puede probar. Países como China, Taiwan, Corea del Sur y Nueva Zelanda, que desde un primer momento actuaron con medidas selectivas y enérgicas, de acuerdo con una estrategia de supresión total del virus, han salido mucho mejor parados que otros como España, Alemania o Estados Unidos, cuyos gobiernos demoraron tomar decisiones y al final se empeñaron en estériles planteamientos de «mitigación» o «aplanamiento de curva». Ello nos ha llevado a un ciclo recurrente de rebrotes, confinamientos generalizados, cierres y normativas contradictorias y estúpidas. Los damnificados no han sido solo las empresas, sino toda la ciudadanía. Es justo que la clase política sea llevada ante los tribunales para responder por ello.

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