¿Cuál es la Historia?

Con el proyecto Batuz / Ticket BAI, la Hacienda Foral de Bizkaia se dispone a emprender el proyecto tecnológico más ambicioso de su historia, después de la informatización de toda su infraestructura administrativa durante los años 80 y 90 del siglo pasado. Se trata, en pocas palabras, de establecer un sistema de control de ingresos en la hostelería y el pequeño comercio, por el procedimiento de instalar en los TPV (Terminal Punto de Venta) de cada establecimiento un software que no solo impida la manipulación de la contabilidad, sino que además transmita a los servidores de Hacienda Foral cada una de las operaciones de venta realizadas a través de una barra o un mostrador. Hasta el último café y el último par de medias de nylon. Sin excepción, ocultamientos ni manipulaciones. Y sin que quepa la posibilidad de falsear datos mediante algunos de los procedimientos populares utilizados hasta la fecha en cajas registradoras y puntos de venta, como el Phantomware o los Zappers.

¿Somos todos defraudadores en potencia?

Las medidas de control fiscal no son una novedad. Pese a lo impopulares que resultan, nadie en su sano juicio se atreve a dudar de su conveniencia o de su carácter beneficioso para la economía. Aunque pagar impuestos no resulta popular, todos entendemos que es necesario y socialmente justo. Por las mismas consideraciones se entiende que hay que combatir el fraude e incluso apoyar a los poderes públicos en esa lucha. Sin embargo, el proyecto Batuz / Ticket BAI de la Hacienda Foral de Bizkaia merece un poco de reflexión y debate, no tanto por la finalidad a la que aspira -corregir las pérdidas de ingresos fiscales causadas por la picaresca de unos cuantos comerciantes poco honestos- como por la envergadura, intensidad y carácter abusivo de los medios utilizados para ello.

Son varias las objeciones que se pueden hacer a dicho proyecto. La primera de ellas, obviamente, es si merece la pena considerar a todo el sector de la hostelería, el pequeño comercio y la distribución al detalle como defraudadores en potencia, solo porque una minoría de irresponsables manipula sus cajas o instala software ilegal para alterar la contabilidad. Estas actividades son ilícitas y están perseguidas por la ley. Instalar programas espía en todos los terminales de Bizkaia equivale a tratar a todo el ramo comercial como a una banda de delincuentes y mina la base de confianza mutua que debe existir entre la ciudadanía y la administración pública. Siguiendo una estrategia tan intrusiva como esa, el contribuyente pensará que Hacienda no obra por consideraciones de gobernanza y justicia social, sino que es un competidor más en la carrera por quedarse con el dinero. Una vez más, lo que se impone al final es el cinismo.

Y todo eso, ¿quién lo paga?

Seguidamente se plantea la cuestión de los costes. Implementar un sistema de estas características, tan intrusivo y sofisticado, implica renovar por completo todo el parque de maquinaria ofimática en las 845.000 empresas censadas en el territorio histórico de Bizkaia. A nada que hagamos números, nos daremos cuenta de que las cantidades resultantes no son el chocolate del loro. Y tampoco hace falta decir quién lo va a pagar. Cierto, Hacienda Foral promete bonificaciones de un 30% del coste deduciéndolo en las cuentas de pérdidas y beneficios. Pero aun así, el esfuerzo económico -sin incluir otros conceptos accesorios como formación, reciclaje, auditorías, certificaciones y demás- a que se ven abocados los comerciantes resulta tan ofensivo como la racanería de Hacienda (¿por qué no ofrecer deducciones del 50% o más altas? ¡eso sí que serían palabras mayores!).

Todos los terminales de ventas de Bizkaia debían estar adaptados obligatoriamente a los nuevos requerimientos Batuz / Ticket BAI para enero de 2021. El trastorno económico provocado por el Coronavirus, sin embargo, obliga a retrasar la entrada en vigor del nuevo sistema hasta el 1 de enero de 2022. Aun así, de llevarse a cabo el proyecto Batuz / Ticket BAI, con el rigor normativo y los meteóricos plazos establecidos por Hacienda Foral (carácter obligatorio de los nuevos sistemas para enero de 2022), no hace falta ser adivino para pronosticar que dicho esfuerzo económico expulsará del mercado a gran número de pequeñas empresas que funcionan en el margen de rentabilidad. No hay que olvidar que en España, aunque parezca lo contrario, la hostelería y el pequeño comercio son sectores de subsistencia. Muchos negocios solo llegan a fin de mes porque son de tipo familiar. Los propietarios tienen que meter horas, y no pocas veces recabar la ayuda de hijos y cónyuges.

¿Son realistas las cifras de la O.C.D.E. sobre fraude fiscal?

Finalmente, es obligado hacer algunas puntualizaciones acerca de las expectativas de resultados de la propia Hacienda Foral de Bizkaia, que por lo visto se promete el oro y el moro. Batuz / Ticket BAI está inspirado en una célebre serie de documentos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.) sobre pérdida de ingresos fiscales producidas por la supresión de ventas en terminales de caja y TPV mediante el uso de software ilegal. El más célebre de todos esos documentos es este del año 2013, a cuya lectura remitimos para entender el trasfondo económico, social y tecnológico de la cuestión. Que se sepa, Hacienda Foral no ha llevado a cabo su propia investigación con datos locales para averiguar si es cierto que el 20 o el 25% de los impuestos se pierden por culpa del fraude, como aseguran los documentos de la OCDE. Pensar que el dueño de un bar de Bilbao o la tendera del barrio están ocultando por término medio una cuarta parte de su facturación, además de un insulto, es como esas fantasías románticas de las colegialas acerca de los ligues por Internet o el primer amor.

Ahora bien, la OCDE es una organización internacional. En sus estudios no le queda otro remedio que dar por válidas las cifras que le transmiten desde los diversos países miembros. Y lógicamente, en todas partes la autoridad tributaria tiende a exagerar en su favor cualquier información relativa al fraude, la economía sumergida o la ocultación de ingresos fiscales. La conclusión de todo ello es que, una vez implementado el sistema Batuz / Ticket BAI e instalado un programa espía hasta en el tascorro más potroso de Bilbao, no deberíamos extrañarnos mucho al averiguar que todo ese esfuerzo económico y tecnológico no solo produce menos ingresos adicionales de lo previsto, sino que ni siquiera permite recuperar el coste de la inversión, tanto para el sector público como para la pequeña y mediana empresa.

¿Qué hacer, entonces?

¿Cuál es la solución? No dejarse arrastrar por el optimismo tecnocrático de los inspectores de Hacienda Foral. Permitir que los sistemas actuales vayan siendo reemplazados por cajas certificadas y software provisto de firmas digitales y sistemas de seguridad. Y que todo ello tenga lugar a lo largo de un período de tiempo más largo que esa frenética carrera de obstáculos organizada por los tecnócratas forales. No de aquí al año 2022, sino dando tiempo a que se agote el ciclo tecnológico de los sistemas actuales y los plazos de amortización habituales en las pequeñas y medianas empresas. De este modo se incurrirá en costes razonables sin poner en peligro las cuentas de resultados de las empresas.

La colaboración entre la autoridad pública y las empresas fabricantes de terminales TPV y sistemas de software contable, junto con las medidas habituales de inspección y control, apoyadas por las nuevas tecnologías digitales y el análisis informatizado de datos, son medios lo bastante eficaces para combatir el fraude sin tener que recurrir al mismo tipo de software intrusivo y fisgón que emplean los delincuentes informáticos. Un hostelero sometido a vigilancia es como una oveja a la que se obliga a esquilarse a sí misma. Inútil decir que las relaciones de confianza entre el animal y el granjero no volverán a ser las mismas. Por no hablar de la caída en la productividad.